Dudan de la existencia de los elementos necesarios en contra del ciudadano sueco que ameriten su detención
«Nada en esta historia conecta a Ola Bini con ningún crimen». Es la reacción de David Kaye, relator de la ONU sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, ante la prisión preventiva dictada en contra del ciudadano sueco, Ola Bini, investigado por supuestos ataques a sistemas informáticos. Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), también cuestionó esta decisión.
Tras el retiro del asilo diplomático de Julian Assange, fundador de Wikileaks, Ola Bini fue detenido el pasado jueves 11 de abril en el Aeropuerto de Quito, al momento de viajar a Japón.
David Kaye, relator de la ONU sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, señaló en Twitter: “Nada en esta historia conecta a Ola Bini con ningún crimen. Defensor/experto en privacidad digital, apoyo expresado para WL (WiliLeaks), etc., seguro. Pero el Gobierno de Ecuador debe demostrar más que eso o esto parece una detención arbitraria”.
Según la Ministra del Interior, María Paula Romo, la detención fue con fines investigativos debido a que, más temprano ese día, informó de la existencia de hackers rusos y su relación con Wikileaks, así como de una persona cercana a Assange.
Posteriormente, la Fiscalía formuló cargos en su contra por su presunta participación en el delito de ataque a la integridad de sistemas informáticos y el juez de la Unidad de Flagrancia, Rodolfo Navarrete, dispuso prisión preventiva al procesado y la inmovilización de sus cuentas bancarias.
Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) interroga: “La información disponible refiere a su defensa de WikiLeaks, experto en software y poseer dispositivos digitales. Pero… ¿privación de libertad?”.
La defensa de Ola Bini alertó que no se llevó el debido proceso y existen varias inconsistencias. La Fiscalía abrió una instrucción fiscal por 90 días.
(PP)
Fuente: El Universo, EcuadorInmediato, 1er Impacto