FISCALÍA DEMOSTRARÁ QUE MARÍA ALEJANDRA VICUÑA HABRÍA RECIBIDO $ 43.295

La Corte Nacional de Justicia (CNJ) instaló este lunes la audiencia de juzgamiento por el presunto delito de concusión en contra de María Alejandra Vicuña, exvicepresidenta de la República, que habría cometido cuando fue asambleísta entre 2011 y 2013. En la diligencia estuvo presente el fiscal general en funciones, Wilson Toainga, quien afirmó que con las pruebas y testigos demostrará que Vicuña recibió 68 transferencias bancarias depositadas a sus cuentas personales por un total de 43.295 dólares.  Durante un receso que dispuso la CNJ, Vicuña aseguró que los aportes al movimiento ABA eran “voluntarios y legales”, y que servían para financiar la organización política. Además, dijo que tomará todas las acciones contra el asesor que la acusó de supuestos cobros ilegales, y que “el objetivo no era Alejandra Vicuña, sino su cargo como vicepresidenta”, el cual se vio obligada a abandonar en diciembre de 2018 después de que saliera a la luz el escándalo por el supuesto cobro ilegal de contribuciones a dos de sus asesores cuando fue asambleísta. Esos asesores denunciaron que habían depositado en la cuenta personal de la exvicepresidenta pagos irregulares para financiar al movimiento de izquierda Alianza Bolivariana Alfarista (ABA) del que era miembro. Ambos aseguraron que el dinero era parte de una supuesta condición para mantenerlos en los cargos que ocupaban cuando ella se desempeñaba como legisladora, extremo negado por la exvicepresidenta. En su perfil de Twitter, la Fiscalía apuntó que procesó a la exvicepresidenta por presuntos “cobros irregulares a uno de sus asistentes, que trabajó con ella entre 2011 y 2013, cuando era asambleísta por el movimiento Alianza PAIS”, que entonces lideraba el expresidente Rafael Correa. Según la denuncia de “Ángel Polivio S., la exasambleísta le solicitó el pago de una aportación obligatoria para el movimiento político Alianza Bolivariana Alfarista (ABA) al que pertenecía la procesada”, agrega. Y señala que “estos montos (entre 300 y 1.400 dólares mensuales) los había depositado en una cuenta bancaria de le exvicepresidenta de la República”. Por pedido de la Fiscalía, el juez Iván Saquicela dispuso la prohibición de salida del país y enajenar un departamento que la exvicepresidenta tiene en Quito. Además de la presentación periódica ante la autoridad.

Fuente: Vistazo, 1er Impacto

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