Mercadillos, otro efecto del coronavirus en Guayaquil

A más del peligro de posibles contagios y de la demanda de atención médica, el coronavirus en Guayaquil provocó otra consecuencia: la necesidad de comprar productos vitales para el día a día. Y a la gente le resulta mejor poder hacerlo cerca de casa, para no exponerse tanto en la calle.

Comerciantes como Vicente Guamán aprovechan esta situación. El hombre lleva poco más de una semana vendiendo frutas y verduras. Exhibe sus productos encima de sacos desgajados, en la acera este de la calle Portete, a la altura de la intersección con la 17.

Esa esquina en el suburbio de la ciudad se convirtió en un mercado al aire libre. Quienes caminan por la zona deben esquivar los tendidos que los vendedores ponen en la vereda. Un entorno que a los guayaquileños no tan jóvenes, podría recordarles aquellos negocios de víveres que solían verse antiguamente fuera del mercado de la calle Pedro Pablo Gómez.

“Estaba encerrado en casa y para darle de comer a mis hijos, me tocó salir a vender”, cuenta Guamán. Esta faceta no es nueva para él. Antes de que el virus azote al país vendía uvas.

Otros allegados de Vicente también se han instalado en el sector para expender casi las mismas cosas. Allí también hay otro tipo de oferta comercial, como huevos por cubetas, aguas medicinales, e incluso remedios.

Julia Ballesteros, por ejemplo, ofrece a los peatones jarabes para el dolor de garganta y para aumentar las defensas, que tiene sobre dos mesas blancas con manteles rosados. También vocea alcohol antiséptico en varias presentaciones.

La mujer lleva unas tres semanas laborando ahí. Trabaja para una empresa que elabora estos productos y asegura que sus compañeras están en otros puntos de la urbe promocionando los brebajes.

Aquel mercadillo no es el único ‘nacido’ en la ciudad en época de emergencia sanitaria. También hay pequeños negocios en demás sectores populares, incluso en zonas como la ciudadela Bellavista o un tramo de la avenida Las Monjas.

Fuente: Diario Extra, 1er Impacto

La falta de empleo preocupa a los ecuatorianos

A más de la salud, el empleo también preocupa a los ecuatorianos. Así lo revela una encuesta de Advance Consultora.

Según el estudio, el 77% de los ciudadanos cree que el empleo disminuirá en los próximos tres meses (abril, mayo y junio) y solo el 14% piensa que lo mantendrá.

En medio de esta emergencia sanitaria generada por el COVID-19, se plantean cambios en el seguro de desempleo, una opción a la que pueden acceder los afiliados que han sido desvinculados.

El Gobierno alista un plan cuyo fin es amplificar la cobertura y reducir los tiempos de cobro de este seguro que forma parte de un proyecto de ley que ya está en manos de la Asamblea Nacional.

El pasado miércoles, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, propuso reducir de 60 días a un día el cobro del seguro de desempleo: USD 280 mensuales (70% del salario básico unificado) por cinco meses.

De enero a marzo, 4 355 personas cobraron el seguro de desempleo. Según Martínez, es el 25% más en relación con el mismo período del año anterior.

El secretario de Estado plantea ampliar la cobertura de beneficiarios: afiliados en relación de dependencia, trabajadores independientes sin relación de dependencia y afiliados voluntarios residentes en el país.
Solo los afiliados que han renunciado voluntariamente estarían exentos del cobro.

Este seguro tiene una cobertura de hasta 550 000 personas, más de las 508 000 que estima el Gobierno estén en esa situación como parte de los impactos generados por el COVID-19.

Lenin Duque, especialista en el área laboral, aconseja cambios en el número de aportaciones, que ahora se exige tener mínimo 24 contribuciones no simultáneas y las 6 últimas consecutivas para acceder a ese beneficio.

El también experto en temas laborales, Carlos Araujo, recomienda que se incluyan a las personas que entraron a laborar los últimos dos, tres y cuatro meses.

En este punto, Duque, considera conveniente incluir a los trabajadores que fueron separados bajo la figura del numeral 6 del artículo 169 del Código de Trabajo, referente a la terminación del contrato por fuerza mayor.

Fuente: Pichincha Universal, 1er Impacto

Médico se negó a certificar que Inés Pinto murió por COVID-19, pese a que la prueba dio positivo

 “Más allá de la infinita mala suerte de que se haya contagiado, lo que me indigna es la falta de humanidad y la falta de empatía del procedimiento del Ministerio de Salud”. Es el relato de Juan Montaña, quien no puede cremar a su madre, Inés Pinto, luego de dos días de haber muerto en un geriátrico, donde 17 de los 18 residentes también están contagiados. El día que falleció, su hijo recibió los resultados de la prueba: positivo para COVID-19, pero el médico se negó a certificar su muerte por esta causa.

Inés Pinto, de 90 años, era una profesora jubilada de Colombia, que llegó hace un poco más de cinco años a Ecuador a vivir con su hijo, Juan.

Hace un año ingresó a una Casa geriátrica en Tumbaco por complicaciones con su salud. Debido a la declaratoria de emergencia sanitaria, el centro acogió las disposiciones de no permitir visitas a sus familiares y mantener una cuarentena rigurosa. Inés y Juan intercambiaron fotos y videos para saber que el otro estaba bien. Ser compañía. Estar presente, a la distancia, en un confinamiento que ya rige un mes en el país y que los privó, sin saberlo hasta entonces, de un último adiós.

Hace diez días, aún sin tener una explicación clara, del geriátrico informan que uno de los residentes se enfermó con los síntomas de coronavirus. Las autoridades sanitarias acudieron y, la primera irregularidad para Juan, es que aplican la prueba de COVID-19 solo a los adultos mayores y no al personal de cuidado, administrativo y de cocina que también están en contacto permanente.

“Mi madre tiene una evolución grave con fiebre y todos los síntomas. El miércoles 15 de abril, en la madrugada, me llaman a decir que está en un estado agónico”, relata Juan.

Su madre había expresado su deseo de que, cuando llegue el momento, no coloquen respiradores o prologuen artificialmente su vida. Su hijo cumple y dispone que se aplique cuidados paliativos. (Hasta entonces, los resultados de las pruebas de COVID-19, tomadas hace varios días, no llegaban)

Inés fallece al mediodía de este miércoles y hasta ahora (dos días después) no puede ser cremada por dificultades con los papeles de defunción y su cuerpo sigue en un congelador en el Camposanto.

El día de la muerte de Inés, Juan llamó al 911 para el levantamiento del cadáver. (Minutos más tarde de la llamada, recibe una comunicación que confirma que 17 de los 18 residentes a los que se les aplicó la prueba dieron positivo para coronavirus).

“Esperamos desde las 14h00 y la doctora que dijo que vendría para el levantamiento del cadáver nunca llegó”. Tras varias llamadas de insistencia, las autoridades le indican que, como alternativa, un médico rural del Hospital de Yaruqí irá al geriátrico. Cerca de las 20h00 llega el galeno. Pide datos. Hace el informe. En la causa de muerte señala: “presunto COVID-19”, pese a que, delante de Juan, las enfermeras del lugar le mostraron una copia del informe donde se confirma que es un caso confirmado.

(6.24) “Él dice que no pondrá porque la disposición oficial que tienen es que pongan presunto COVID-19 y no positivo”.

En el Certificado, la causa de muerte de Inés es por bronquitis crónica, neumonía y presunto COVID-19, aunque su prueba dio positivo. Y es precisamente la cifra del número de muertes probables que crece en el país. Hasta este 17 de abril hay 675, mientras que el número de muertos confirmados con COVID-19 son 421.

El médico no les entregó ningún documento y, según les dijo, tendría que hacer un informe y el Ministerio de Salud se encargará de enviar a Juan el resto de papeles. Por la falta de estos documentos, el Camposanto no continuó con la cremación y puso a Inés en un congelador hasta que se regularicen estos trámites.

Para sorpresa de Juan, un día después de la muerte de Inés, la doctora del Ministerio de Salud, que debió llegar el miércoles para levantar el cadáver, recién le pedía el jueves la dirección del geriátrico porque no lo encontraba en el GPS.

Al ser de nacionalidad colombiana, Juan tiene que notificar al consulado la muerte de su madre y solo lo puede hacer con el acta de defunción. “Para Colombia mi mamá seguía viva hasta hoy”.

Conoce que, recién este viernes –luego de más de diez días de haberse reportado el primer caso-, se aplicó la prueba de COVID-19 para el resto del personal del Centro geriátrico. Además de Inés, otras 3 personas también han fallecido.

Cerca de las 12h00 de este viernes 17 de abril recibe el certificado y la inscripción de defunción de parte del médico rural. Inmediatamente envió los documentos al Camposanto, pero aún no sabe si ya la cremaron y mucho menos cuándo podrá recoger las cenizas y despedir a Inés, su madre.

Fuente: Pichincha Universal, 1er Impacto

Un privado de la libertad murió por coronavirus

Este viernes 17 de abril, el Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) confirmó el fallecimiento de una persona privada de la libertad en Quito. Se trataría del primer caso en el país.

En un comunicado, la entidad informó que se trata de un exguía penitenciario, que cayó preso y cumplía su pena en el Centro de Detención Provisional (CDP) situado en El Inca, norte de la urbe.

Allí, se señala que en el certificado de defunción consta como causa de la muerte “neumonía viral por covid positivo”.

El hombre fue trasladado al Hospital Pablo Arturo Suárez el pasado 7 de abril, luego de que presentara síntomas de coronavirus.

El 16 de abril, la SNAI informó que se ubicó una unidad móvil del Ministerio de Salud Pública para atender a los internos que presenten síntomas. Se determinó además que los galenos atiendan a los privados de libertad en cada uno de sus pabellones, como parte de un procedimiento que tomaría tres semanas.

En el marco de la emergencia sanitaria, la entidad agilizará la concesión de libertades a nivel nacional. Hasta ahora se han revisado 474 expedientes.

Fuente: Diario Extra, 1er Impacto