Mesa legislativa de Participación Ciudadana insta a declarar en estado de emergencia al sistema penitenciario

La Comisión de Participación Ciudadana, de la Legislatura, demandó actuar con humanidad y garantizar los derechos de las personas privadas de libertad (PPL), frente a la presencia del virus en el sistema penitenciario.

La resolución, aprobada con seis votos a favor, exige al presidente de la República, Lenín Moreno, aplicar, de forma inmediata, los mecanismos constitucionales, pactos internacionales, vigilancia de organismos como las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los cuales garantizan los derechos de PPL con enfermedades catastróficas, terminales o discapacidad, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, quienes son propensos a contraer Covid-19, debido al hacinamiento en las cárceles.

Al director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), Edmundo Moncayo, le insta a que declare en emergencia al sistema penitenciario nacional.

También, que realice un análisis de la situación de adultos y adolescentes infractores y determine los casos en los que se pueden aplicar medidas sustitutivas de la pena.

Mediante la resolución, la mesa parlamentaria solicita al ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos y al director del SNAI, que tomen las medidas pertinentes frente a posibles casos de Covid-19, en privados de libertad del centro de detención provisional El Inca, en Quito. Los asambleístas consideran urgente tomar medidas para evitar contagios masivos en las cárceles.

Gloria Astudillo, integrante de la Comisión, cree que esta resolución es pertinente, puesto que los PPL han sido un sector que no ha tenido cierta atención frente a la emergencia sanitaria. Insistió en que sus derechos deben ser garantizados con acciones para asegurar su salud y alimentación.

Para el legislador Ronny Aleaga, de la Revolución Ciudadana, es urgente que se declare la emergencia en el sistema penitenciario, dada la situación de hacinamiento y los amotinamientos registrados en días anteriores. Planteó que los jueces de garantías analicen los casos y actúen con celeridad, garantizando sus derechos.

Eliseo Azuero, quien presentó la resolución, propuso que el análisis de la situación de PPL debe hacerse respetando el principio de celeridad, de aquellos que no representan peligro para la sociedad y así disminuir la cifra de hacinados en los centros de rehabilitación social.

Fuente: Pichincha Universal, 1er Impacto

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