Le corrieron ‘plomo’ frente a su casa

Dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta acabaron con la vida de Juan David Arreaga Cedeño, de 39 años.

Ocurrió la mañana de hoy martes 5 de mayo, frente a la manzana 251 de la ciudadela Floresta 2, en el sur de Guayaquil.

El mayor William Herrera, jefe de la Unidad de Muertes Violentas, de la Dinased, explicó que los asesinos viajaban en una motocicleta negra y, según versión de testigos, utilizaban chompa, uno de color negra y otro roja, además utilizaban casco.

El jefe policial indicó que la víctima se encontraba afuera de su domicilio, cuando llegaron sus verdugos y le propinaron varios tiros en diferentes partes del cuerpo. Luego huyeron del sector con rumbo desconocido.Play Video

El fiscal de flagrancia, Víctor González, reveló que Arreaga registraba dos detenciones, una por robo y otra por tenencia de armas. Durante estos primeros cinco días de mayo se han registrado dos muertes violentas en Guayaquil, una ayer lunes y otra hoy.

También indicó que en el lugar de los hechos se hallaron 17 indicios balisticos (15 vainas percutidas y dos encamisados) y que se presume que el arma de fuego utilizada para cometer el asesinato fue una pistola de 9 milimetros semiautomatica.

“Por los indicios encontrados y la modalidad se trató de un ajuste de cuentas”, indicó finalmente el funcionario.

Fuente: Diario Extra, 1er Impacto

Ocho universidades presentan en la Corte Constitucional una acción por incumplimiento a Ley de Educación Superior

 Ocho universidades que reciben asignaciones del Estado para atender las becas de estudiantes de escasos recursos económicos, presentaron ante la Corte Constitucional, una demanda de acción por incumplimiento a los artículos 22 y 33 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

El grupo está integrado por las autoridades de la Universidad del Azuay, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, la Politécnica Salesiana, la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, la Universidad Católica de Cuenca, la Universidad UTE y la Técnica Particular de Loja.

Los rectores exigen el cumplimiento de la norma, pues consideran que existe una vulneración de los derechos constitucionales.

El artículo 22 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece que la Función Ejecutiva no podrá privar de sus rentas o asignaciones presupuestarias, o retardar las transferencias a ninguna institución del sistema, salvo en los casos previstos en esta ley. Mientras que el artículo 33 señala que el Ministerio de Finanzas dispondrá la acreditación automática de las rentas establecidas a favor de las instituciones del régimen público y particular que reciben asignaciones y rentas del Estado, de conformidad con la ley.

Para las autoridades existen disposiciones claras que han sido inobservadas por parte del Ejecutivo y, en especial, por el Ministerio de Finanzas, por lo que exigen el cumplimiento de su contenido.

Señalan que no se puede retardar las asignaciones presupuestarias a las universidades porque son parte de un conjunto de garantías de los derechos sociales constitucionalmente establecidos, como es la educación y el acceso al que tienen derecho los estudiantes de escasos recursos económicos.

En su petición, los directivos indican que desde octubre de 2019 no han recibido las asignaciones y rentas que por disposición constitucional y legal les corresponde, por lo que solicitan la transferencia de las mismas.

Mencionan que una vez que se cumplieron los 40 días término que determina la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional para que el requerimiento sea atendido por las autoridades se configura el incumplimiento de las obligaciones, a pesar de que se ha solicitado una respuesta del ministro de Economía, Richard Martínez.

También solicitan la participación del procurador general del Estado, Íñigo Salvador, en este caso.

En tanto, el 4 de mayo, el representante de la Federación de Estudiantes Universitarios de Ecuador (Feue), José Daniel Martínez, interpuso una acción de protección en contra del presidente de la República, Lenín Moreno, debido al recorte presupuestario a la educación superior.

La reducción del presupuesto de todas las universidades públicas y las cofinanciadas supera los USD 100 millones. Situación que generó la protesta de los universitarios.

La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) explicó que el recorte presupuestario a las universidades públicas del país será de un 10%.

Fuente: Pichincha Universal, 1er Impacto

Con concentración pacífica en la U. Central y con acciones de inconstitucionalidad, universitarios enfrentan recorte de USD 98 millones

“Los universitarios somos conscientes de los problemas derivados de la pandemia, pero como dirigentes vemos que el recorte en el presupuesto no solo pone en riesgo a la educación pública sino a la salud pública. El 70% de internados rotativos de la Universidad Central trabaja en hospitales, por ejemplo. Y como dijo nuestro rector, puede haber una afectación”, señaló Erick Barba, vicepresidente de la FEUE de la Universidad Central y procurador de la FEUE nacional. Lo dijo este martes 5 de mayo del 2020, en medio de una protesta pacífica, en la que guardan distancia de un metro y medio a dos metros, entre cada manifestante, en los alrededores de la Plaza Indoamérica, frente a la Universidad Central. Pese a las medidas de restricción, provocadas por el covid-19, los jóvenes se han reunido, con ruido de tambores y cánticos, exigen al Gobierno y al Ministerio de Finanzas que desista de la decisión de recortar USD 98 2010 190. Ampliar “Nos hemos autoconvocado, no es algo político. Es indignación de la ciudadanía”, reiteró Barba. En el lugar se observa a chicos, algunos con sus padres de familia, trabajadores universitarios, con mascarilla. Ayer, varios grupos presentaron acciones ante la Corte Constitucional, para detener la decisión de Finanzas, que según los 32 rectores de universidades y politécnicas públicas afectadas, no fue comunicada. Se enteraron abruptamente, cuando su personal administrativo y financiero les informó que había un recorte. “La crisis provocada por el covid-19 constituye una calamidad pública, como lo reconocieron en el Decreto Ejecutivo 1017 que declaró la emergencia sanitaria y el dictamen de constitucionalidad 1-20-EE/20 que lo autorizó. Nuestra Constitución prevé que sea la Corte Constitucional la que realice el control constitucional de la declaratoria y también es el órgano encargado de vigilar, durante esta etapa de excepcionalidad, que se respete la Constitución y se garantice su plena vigencia”, dice una de las acciones presentadas por Cristian Chávez, como presidente de la FEUE nacional y Pablo Dávalos, director del Foro de Economía Alternativa y Heterodoa; Pakta, Miembros del Colectivo Centralia, Parlamento Universitario, Sybel Martínez, de Rescate Escolar; Movimiento Alternativa Universitaria, entre otros. “Demandamos el control constitucional de las acciones del Ejecutivo, que aprovechando el estado de emergencia ha realizado actos contrarios a la división de funciones y a los derechos fundamentales. Para ello la propia Constitución ha facultado a todos los ciudadanos”. Y señalan: “La adopción de una medida excepcional como el recorte presupuestario y el consecuente despido masivo de servidores educativos debió ser adoptada mediante Decreto Ejecutivo, pues en tiempos de normalidad no está justificada tal medida y por ello habría que analizarse si en tiempos de emergencia, la misma busca un fin legítimo, es necesaria y es proporcional, examen que debe hacerlo la CC, a través del control automático de constitucionalidad. Una circular dictada al margen de las competencias del Viceministro de Finanzas, contraviene lo ordenado por el Dictamen Constitucional y no respeta el sistema de competencias previsto en el art. 226 de la Constitución. En la práctica lo que hace es utilizar el poder del Ministerio de Finanzas, para coartar la autonomía financiera de universidades”. Las universidades que reciben asignaciones del Estado para atender las becas de estudiantes, las cofinanciadas, también presentan ante la Corte Constitucional una demanda de acción por incumplimiento de la Ley Orgánica de Educación Superior. Se trata de la Universidad del Azuay, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Politécnica Salesiana, Católica Santiago de Guayaquil, Universidad UTE, Laica Vicente Rocafuerte, Católica de Cuenca y Técnica Particular de Loja. Movimientos políticos como Unidad Popular también se han pronunciado. Geovanni Atarihuana, su director, presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. “El recorte de USD 98 millones a las universidades y politécnicas públicas es un atentado al derecho a la educación de miles de jóvenes. Esta medida es arbritraria y violenta la Constitución. Presentamos una acción de incumplimiento para dejar sin efecto el acto administrativo establecido por el oficio circular MEF-VGF.2020-003, expedido por el viceministro de Finanzas, Fabián Carrillo”, se lee.

Fuente: El Comercio, 1er Impacto

Desde finales de mayo de 2020, fieles podrán orar por 20 minutos en templos católicos

La Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) emitió un comunicado hoy, martes 5 de mayo del 2020, en el cual da a conocer sus primeras “definiciones concertadas” sobre el proceso de reapertura de los templos católicos en el país. El documento comienza extendiendo la dispensa a los fieles de la asistencia a la misa dominical, y exhorta a continuar con la participación en la misma a través de radio, television o Internet. A continuación plantea dos fases para una reapertura “progresiva y paulatina” de los templos. La primera empezará los últimos días de mayo, para provincias, cantones o parroquias con semáforo en rojo y semáforo en amarillo.

Fuente: El Comercio, 1er Impacto

Aeropuerto de Quito reanudaría operaciones el 1 de junio

La Corporación Quiport tiene previsto reanudar las operaciones en el Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, el 1 de junio.

La organización elaboró protocolos de protección a pasajeros y colaboradores en coordinación con las aerolíneas para reiniciar las actividades.

Andrew O’Brian, director de Quiport, indicó que con los vuelos de repatriación de personas ante la crisis generada por la propagación del coronavirus se han obtenido valiosos aprendizajes para las operaciones aeroportuarias que en la actualidad exigen medidas de cuidado sanitario.

Según un comunicado difundido por la Corporación, la fecha tentativa para reanudar operaciones deberá ser aprobada por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional en coordinación con el COE cantonal de Quito, liderado por el alcalde Jorge Yunda, la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y la Dirección General de Aviación Civil.

Trascendió que la crisis generada por la pandemia provocó una reducción del flujo de pasajeros en un 90%, así como una caída en un 65% de las exportaciones por vía aérea. Esta situación provocó una afectación a 8 500 plazas de empleo de la Corporación.

Luis Galárraga, gerente de Comunicación de Quiport, manifestó que desde el 30 de enero se aplicaron medidas para enfrentar el riesgo de la enfermedad con equipos de bioseguridad.

Fuente: Pichincha Universal, 1er Impacto