«Los universitarios somos conscientes de los problemas derivados de la pandemia, pero como dirigentes vemos que el recorte en el presupuesto no solo pone en riesgo a la educación pública sino a la salud pública. El 70% de internados rotativos de la Universidad Central trabaja en hospitales, por ejemplo. Y como dijo nuestro rector, puede haber una afectación», señaló Erick Barba, vicepresidente de la FEUE de la Universidad Central y procurador de la FEUE nacional. Lo dijo este martes 5 de mayo del 2020, en medio de una protesta pacífica, en la que guardan distancia de un metro y medio a dos metros, entre cada manifestante, en los alrededores de la Plaza Indoamérica, frente a la Universidad Central. Pese a las medidas de restricción, provocadas por el covid-19, los jóvenes se han reunido, con ruido de tambores y cánticos, exigen al Gobierno y al Ministerio de Finanzas que desista de la decisión de recortar USD 98 2010 190. Ampliar «Nos hemos autoconvocado, no es algo político. Es indignación de la ciudadanía», reiteró Barba. En el lugar se observa a chicos, algunos con sus padres de familia, trabajadores universitarios, con mascarilla. Ayer, varios grupos presentaron acciones ante la Corte Constitucional, para detener la decisión de Finanzas, que según los 32 rectores de universidades y politécnicas públicas afectadas, no fue comunicada. Se enteraron abruptamente, cuando su personal administrativo y financiero les informó que había un recorte. «La crisis provocada por el covid-19 constituye una calamidad pública, como lo reconocieron en el Decreto Ejecutivo 1017 que declaró la emergencia sanitaria y el dictamen de constitucionalidad 1-20-EE/20 que lo autorizó. Nuestra Constitución prevé que sea la Corte Constitucional la que realice el control constitucional de la declaratoria y también es el órgano encargado de vigilar, durante esta etapa de excepcionalidad, que se respete la Constitución y se garantice su plena vigencia», dice una de las acciones presentadas por Cristian Chávez, como presidente de la FEUE nacional y Pablo Dávalos, director del Foro de Economía Alternativa y Heterodoa; Pakta, Miembros del Colectivo Centralia, Parlamento Universitario, Sybel Martínez, de Rescate Escolar; Movimiento Alternativa Universitaria, entre otros. «Demandamos el control constitucional de las acciones del Ejecutivo, que aprovechando el estado de emergencia ha realizado actos contrarios a la división de funciones y a los derechos fundamentales. Para ello la propia Constitución ha facultado a todos los ciudadanos». Y señalan: «La adopción de una medida excepcional como el recorte presupuestario y el consecuente despido masivo de servidores educativos debió ser adoptada mediante Decreto Ejecutivo, pues en tiempos de normalidad no está justificada tal medida y por ello habría que analizarse si en tiempos de emergencia, la misma busca un fin legítimo, es necesaria y es proporcional, examen que debe hacerlo la CC, a través del control automático de constitucionalidad. Una circular dictada al margen de las competencias del Viceministro de Finanzas, contraviene lo ordenado por el Dictamen Constitucional y no respeta el sistema de competencias previsto en el art. 226 de la Constitución. En la práctica lo que hace es utilizar el poder del Ministerio de Finanzas, para coartar la autonomía financiera de universidades». Las universidades que reciben asignaciones del Estado para atender las becas de estudiantes, las cofinanciadas, también presentan ante la Corte Constitucional una demanda de acción por incumplimiento de la Ley Orgánica de Educación Superior. Se trata de la Universidad del Azuay, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Politécnica Salesiana, Católica Santiago de Guayaquil, Universidad UTE, Laica Vicente Rocafuerte, Católica de Cuenca y Técnica Particular de Loja. Movimientos políticos como Unidad Popular también se han pronunciado. Geovanni Atarihuana, su director, presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. «El recorte de USD 98 millones a las universidades y politécnicas públicas es un atentado al derecho a la educación de miles de jóvenes. Esta medida es arbritraria y violenta la Constitución. Presentamos una acción de incumplimiento para dejar sin efecto el acto administrativo establecido por el oficio circular MEF-VGF.2020-003, expedido por el viceministro de Finanzas, Fabián Carrillo», se lee.

Fuente: El Comercio, 1er Impacto