Grupo familiar obtuvo 46 contratos por $7,7 millones en los hospitales del IESS

Algo más de $7,7 millones en 46 contratos han recibido cinco miembros de la familia Llerena-Candela de los hospitales del IESS del país, según una revisión que hizo este Diario a las adjudicaciones dadas entre 2012-2019 y publicadas en el portal web del Servicio de Contratación Pública (Sercop).

Ahí constan los contratistas José Luis Llerena Candela, su hermana María Gabriela, su tío Francisco Llerena Alvarado, la esposa de este, María Lorena Erazo Tortorella, y la hermana de esta, María Mercedes Erazo.

Del grupo, las que más contratos registran son las hermanas Erazo Tortorella, con 43 adjudicaciones del IESS, que suman cerca de $3,2 millones.

Esta cifra no incluye los hospitales del Ministerio de Salud Pública, donde ambas han recibido contratos desde hace una década por cerca de $1 millón. Tampoco incluye los doce contratos dentro de la actual emergencia por COVID-19, dados por el hospital General de Manta del IESS por casi $300 000.

“No autorizo que publique esta conversación”, dijo María Lorena Erazo a este Diario, que se contactó con ella el lunes para confirmar los datos del Sercop y también por un expediente que en el 2018 le inició la Agencia de Control Sanitario (Arcsa) por comercializar productos sin registro de salud.

María Lorena Erazo había explicado cómo se dio su participación en los contratos, pero cuando se le consultó por su relación familiar con María Gabriela Llerena Candela, exesposa de Jacobo Bucaram, cerró la llamada telefónica.https://4ca0b925a0aa50d59b8a505739c6352d.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html

María Gabriela Llerena, de 33 años, estuvo casada dos años, entre el 2018 y 2019, con Jacobo Bucaram Pulley, hermano del exasambleísta Dalo Bucaram, del movimiento Fuerza Ecuador, antes Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE).

Funcionarios del IESS, médicos o administrativos identificaron a este movimiento político, al oficialismo Alianza PAIS y a otros afines como los que han intervenido en las contrataciones de los hospitales del IESS, en especial el Teodoro Maldonado Carbo. La mayor injerencia, dicen, se habría dado en el 2018, cuando asumió el cargo de gerente del hospital Luis Jairala Zunino.

“¿A usted no le parece raro que si se hace público que un servidor hace estas cosas no lo hayan botado?, yo sigo operando”, indicó Jairala Zunino y negó que su permanencia en el cargo se deba a influencias políticas. “A mí me han dicho que soy de Alianza PAIS, del partido de Jimmy Jairala, soy del PRE, soy de todas partes y no soy de nadie”, dice el exgerente y actual médico.

Jacobo Bucaram no aceptó una solicitud de entrevista. En octubre del año pasado sí acudió a un portal de entrevistas donde abordó este tema y atribuyó las acusaciones a lo que llamó “linchamiento mediático” contra su familia. También negó tener personas cercanas en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo.

“Cercano a mí, no. Estuvo el doctor Luis Jairala, que era cercano a la familia, primo hermano de Jimmy Jairala, y tenía alguna relación de amistad con nosotros. Pero así como él tengo diez mil amigos en instituciones públicas”, dijo Jacobo.

Dalo Bucaram, en cambio, sí atendió una entrevista que él también grabó, pero luego no aceptó la publicación. Una semana antes había rechazado en su cuenta de Twitter acusaciones respecto de que su familia controle entidades públicas.

No escondo nada, el delincuente de Correa ha dicho de todo, que manejamos CNEL, CNT, IESS, Aduana, Contraloría, etc., pero jamás presenta una sola prueba, este pillo solo difama a sus enemigos”, señaló Dalo Bucaram, en redes sociales.

María Gabriela Llerena recibió un contrato del Hospital Teodoro Maldonado Carbo por $55 000 para proveerlo de 24 000 metros de tela de los colores verde, plomo, amarillo y blanco, en agosto del 2014. Llerena ganó, pese a que su oferta no era la más baja. Esto, debido a que el hospital la eligió por ser microempresaria, con base en un pedido del Sercop de suspender el proceso anterior –en el que ella no participó– para dar oportunidad a que la industria nacional participe y ofrezca telas para uniformes.

Cuatro meses antes, en abril de 2014, Llerena resultó adjudicada para la compra de cepillos quirúrgicos para el área de urgencias del HTMC por $29 759. Pero un mes después fue declarado desierto el proceso porque, entre otras cosas, no presentó el certificado de distribución, tampoco el certificado de buenas prácticas y manufacturas ni el registro sanitario del producto.https://public.tableau.com/views/Los_grandes_contratistas_del_IESS_Grupo_Llerena/Dashboard1?:embed=y&:showVizHome=no&:host_url=https%3A%2F%2Fpublic.tableau.com%2F&:embed_code_version=3&:tabs=no&:toolbar=yes&:animate_transition=yes&:display_static_image=no&:display_spinner=no&:display_overlay=yes&:display_count=yes&publish=yes&:loadOrderID=0

Los contratos que recibieron las hermanas Erazo Tortorella del IESS, en cambio, se dieron para la “compra de insumos médicos de uso general” en los hospitales del Seguro Teodoro Maldonado Carbo, de Guayaquil, y de Manta, Santo Domingo, El Triunfo, Cuenca y Quito.

Con el mismo objeto, compra de insumos que se utilizan en enfermería, fue contratado José Luis Llerena para el HTMC por $782 000 en julio del 2018. La Comisión Anticorrupción señaló que el costo real de estos insumos era de $387 122 y el sobreprecio llegaba al 98 %.

Llerena debía proveer al hospital de tres tipos de materiales de curación: agua oxigenada, alcohol y tintura de benjuí. Al comparar los precios unitarios ofertados por Llerena con los de otro contrato, incluso con los costos en farmacias, se constató un sobreprecio del 282 %, por ejemplo, en el litro de tintura de benjuí, que sirve para proteger la piel de los enfermos que están hospitalizados. Llerena ofreció, según el proceso, $34,4 por esta sustancia, cuando en un contrato anterior el mismo hospital pagó $9.

Sobre Llerena pesa una investigación por peculado que la Fiscalía del Guayas inició hace casi un año. En la misma indagación constan como sospechosos los proveedores Rosa García Lucas, Roswin Angulo Jeremías, David Cevallos Fonseca y el entonces gerente del HTMC, Luis Jairala Zunino.

“Los números son cifras exactas, y si hay un precio techo, ¿dónde está el peculado?”, responde Jairala, quien dirigió el Hospital Teodoro Maldonado Carbo desde noviembre del 2017 hasta enero del 2019, luego pasó al Hospital General del Norte de Guayaquil Ceibos.

En la actual emergencia por el COVID-19, María Mercedes Erazo ha recibido doce contratos, todos provienen del Hospital General de Manta (Manabí).

En total $297 000 para la compra de válvulas respiratorias descartables para ventilador, catéter para aspiración de secreciones, gafas para protección de luz halógena, mascarillas de oxígeno para niños y termómetros digitales descartables. Este último producto se ofertó en $5,25 el precio unitario, valor similar en que lo venden las farmacias al público. El monto del contrato es de $105 000 por 20 000 termómetros, según los registros de Contratación Pública.

Empleado que gana $ 700 tiene nexos con contratistas del IESS que recibieron $ 10,9 millones

“Disculpe, no le entendí. ¿Que alguien que trabaja en Alfaredes ha recibido contratos en los hospitales?”, responde Mario Asán Torres cuando se le pregunta por Raúl Peña Triviño, empleado de esa compañía y quien figura, junto a familiares y empresas relacionadas, como contratista del Hospital Teodoro Maldonado Carbo (HTMC) por unos $ 10,3 millones.

Triviño, de 27 años, trabaja desde agosto del 2012 para Alfaredes S.A., empresa de Mario Asán, hijo del alcalde de Milagro, Francisco Asán Wonsang, quien aseguró que la compañía de su hijo no tiene ninguna responsabilidad sobre las actividades de sus empleados. “El trabajador le ha contado a mi hijo que hace tres años le propusieron como actividad personal hacer esos contratos y parece que lo hizo sin que mi hijo se enterara”, explicó.

A los 19 años empezó como digitador, pero hoy Triviño es el jefe de Recursos Humanos en Alfaredes, empresa que se dedica a la construcción de calles y carreteras y en la que trabajan unas 80 personas.

Por si acaso, Alfaredes no es una compañía familiar, es mía”, asegura Mario Asán, hijo del alcalde de Milagro.

Asán agrega que su padre figuró en la nómina de accionistas o socios hace 10 años. Según los registros, el alcalde fue propietario hasta diciembre del 2012.

Mediante el mecanismo de convenios de pago, es decir contratación directa y reservada, pues los procesos no se subieron al portal web de Contratación Pública, Raúl Peña recibió, en enero del 2018, las autorizaciones para ofrecer medicinas al HTMC, durante la gestión de Luis Jairala Zunino, gerente que dirigió el hospital Teodoro Maldonado en Guayaquil desde noviembre del 2017 hasta enero del 2019.

Jairala asumió ese cargo a pedido directo del presidente del consejo directivo del IESS, Richard Espinosa. “Fue un encargo, me dijo: tú puedes ayudar en esta cuestión”, contó al recalcar que los convenios estaban acompañados de procesos de subasta inversa, donde los proveedores pujaban por el menor precio para ser contratados.

“Yo me senté el 4 de noviembre (en el puesto de gerente), las compras fueron hechas en enero y nunca más se hicieron”, aseguró Jairala, quien ha trabajado como neurocirujano en los hospitales Guayaquil (Abel Gilbert Pontón) del Ministerio de Salud, del 2004 al 2012; Teodoro Maldonado desde 2013 y en el General Ceibos del IESS en el 2017. También ha sido subdirector médico en la regional 5 y 8 del IESS.https://public.tableau.com/views/LosgrandescontratistasdelIESSGrupoMilagro/Dashboard1?:embed=y&:showVizHome=no&:host_url=https%3A%2F%2Fpublic.tableau.com%2F&:embed_code_version=3&:tabs=no&:toolbar=yes&:animate_transition=yes&:display_static_image=no&:display_spinner=no&:display_overlay=yes&:display_count=yes&publish=yes&:loadOrderID=1

Para ganar los convenios, el grupo de proveedores ligados a Triviño captaban todas las ofertas, de tal manera que el elegido sea un allegado. Así, Triviño presentaba ofertas de manera personal y a nombre de su negocio Peña Farmacéuticos, también concursaba su esposa Judith Andrade Ochoa y su hermana Sunny Peña, accionista de Laboratorios Romayual.

Y había ocasiones en que ganaban todos. Esto ocurrió con un convenio de pago para la compra de 60 mil dosis de Linezolid sólido oral, para tratar a pacientes con tuberculosis multirresistente. En las bodegas había Linezolid para dos meses, lo cual -señala la Contraloría- permitía hacer la compra mediante los procesos públicos normales y no ameritaba una emergencia.

Sin embargo se compró 51 mil dosis en excesoLa compra de 60 mil dosis se dividieron entre cuatro proveedores, todos ligados a Triviño: Peña Farmacéuticos recibió $ 298.320; Laboratorios Romayual $ 700.079; Distribuciones Almun, representado por Alicia Muñoz Agila, entonces accionista de Romayual y hoy su contadora, obtuvo $ 999.899; y Danifarmajas, ligada a este grupo, recibió $ 999.899.

“A mí sí me adjudicaron unos contratos en el 2018, si mal no recuerdo por un asunto de unas medicinas; fue despachado, fue cancelado como era debido y de ahí no he tenido la oportunidad de vender más. Eso es todo”, dijo Alicia Muñoz Agila, quien no reveló los nombres de los dueños verdaderos de Laboratorios Romayual, una firma que hace una década, a mediados del 2010, fue cuestionada por vender productos con sobreprecio al hospital Abel Gilbert Pontón.

Por un taladro de percusión de 1/2 HP, que en el mercado costaba hace una década $ 96, se le pagó a Romayual $ 954, mientras que por un amperímetro pequeño para medir el consumo de energía, que en aquella época costaba $ 60, se canceló a este laboratorio $ 970, según las facturas del mismo hospital Guayaquil.

Romayual pertenece a unos clientes que yo conocí hace años, y ellos me indicaron de participar en estos procesos (del IESS), nosotros mandamos proformas y gracias a Dios salimos adjudicados como Romayual”, dijo Muñoz Agila.

Ágila, cuyo padre, Víctor Muñoz Riofrío, también contador, consta como socio mayoritario de este Laboratorio. “Soy un contador público que trabaja para la empresa privada, hable con Sunny (Peña), ella le puede explicar todo”, dijo Víctor Muñoz, de 70 años.

Raúl Peña Triviño no responde en el número celular que proporcionó Mario Asán, su jefe en la empresa Alfaredes. Sin embargo, la contadora de Romayual, Alicia Muñoz dijo que a los Peña Triviño -Raúl y Sunny- se los ha encontrado entregando mercadería en el Teodoro Maldonado Carbo.

En ese mismo hospital, Judith Andrade, esposa de Raúl Peña, recibió una orden de pago por $ 555.048 por 3600 dosis de Eritropoyetina, para aumentar los glóbulos rojos de pacientes con anemia. El sobreprecio determinado por la Contraloría llegó a 1.384%.

Diferencias en el costo de las camas hospitalarias

Diario EL UNIVERSO accedió a un catálogo de camas hospitalarias para el año 2020. Corresponden a la marca Linet, que ya ha adquirido el Instituto de Seguridad Social (IESS) para sus hospitales. El modelo Eleganza, con procedencia de la República Checa, cuesta $6750 puesta en el país de destino.

Sin embargo, en los últimos años, los hospitales del IESS han comprado camas más caras. Es lo que resulta del análisis de los contratos de camas en los procesos de subastas que hizo este Diario desde enero de 2013 hasta noviembre del año pasado, con base en la información del Servicio de Contratación Pública.

Para este tipo de procesos se suelen realizar estudios con los precios referenciales, que deben constar en los pliegos a los que acceden los interesados.

Se analizaron procesos correspondientes a los últimos siete años. Se adquirieron productos con características similares: camas hospitalarias eléctricas, reclinables, de 220 por 95 cm, con colchón, garantía de al menos un año y servicio técnico. El proveedor ganador siempre ofertó el costo contemplado en los pliegos y la negociación de puja fue la rebaja del 5 % sobre el monto para ganar el contrato.

En noviembre de 2013, la matriz del IESS inició un proceso para comprar 139 camas para el Hospital de Ambato y fijó un precio unitario de $8070. Ese monto es $1320 más alto que el del catálogo del año 2020.

La razón para este precio habría sido porque incluían una mesa y un velador. El concurso comprendía también otras camas con accesorios para traumatología, cunas y camas pediátricas.

Un año después, la dirección provincial de Manabí inició un concurso parecido para el Hospital de Portoviejo. Esta vez eran solo 62 camas y un sistema de oruga. No fijó precio unitario, pero aún sin contar con el costo del sistema de oruga, si se divide el monto total del contrato por el número de camas, el precio sería $7246,77.

Es decir, un año después una cama hospitalaria costaba $820 menos. El precio de un velador y una mesa no compensa la diferencia, señaló un médico consultado por este Diario. En 139 camas es más de $100 000 solamente en ese rubro.

En julio de 2015, en cambio, el Hospital de Manta llamó también a concurso, esta vez solo 24 camas y el precio unitario de los pliegos fue de $7821, más caras que las de Portoviejo.

Fuente: El Universo, 1er Impacto

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