Junto a sus abogados y su esposa, Patricia Schettini, el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, se presentó a la Comisión de Fiscalización este martes 31 de agosto de 2021. Lo hizo, a pesar de que permanece detenido por supuesto abuso sexual en la cárcel 4 de Quito.

Carrión logró que esta mesa parlamentaria le permitiera incluir nuevas comparecencias y hacer preguntas a quienes acuden por el juicio político que impulsan en su contra los asambleístas Ricardo Vanegas, de Pachakutik, y Yeseña Guamaní, de la Izquierda Democrática.

Como parte de las pruebas de descargo requirió que también participaran el vicepresidente del Consejo de Participación (Cpccs), David Rosero; Milton Castillo, exfuncionario de la Defensoría en Galápagos; y de la perito Nora Mantilla.

En la víspera un juez de Quito no dio paso a unas medidas cautelares solicitadas por sus defensores, en contra del proceso que por supuesto incumplimiento de funciones se sigue en la Fiscalía.

“Mi esposo ha sido víctima de un linchamiento mediático y político. Puedo asegurar que no hay indicio que indique el supuesto delito de agresión sexual en contra de mi esposo”, dijo Schettini.

La mujer consideró que Carrión fue objeto de una trampa para sacarlo de la Defensoría del Pueblo por sus actuaciones frente a la pandemia y al paro de octubre de 2019.

Aseguró que la reunión del funcionario con el exministro de Salud, Mauro Falconí, el pasado 16 de mayo -y que terminó con la detención de Carrión después de un altercado- no fue clandestina.

En relación a los USD 47 000 dólares que halló la Policía el día de los hechos en el departamento donde tuvo lugar la reunión, Schettini aseguró que no le pertenecían a su esposo sino a Falconí y que el 23 de junio pasado pidió a la Fiscalía que investigue.

“Los 47 000 son de Mauro Falconí. La persona que trató de retirar el dinero era la prima de la víctima de supuesta violencia sexual”, insistió.

A su turno, Rosero corroboró que Carrión fue designado como titular de la Defensoría por el Consejo de Participación transitorio por cinco años, desde el 10 de abril de 2019.

Manifestó que este organismo no puede nombrar a un subrogante. “Es potestad del Defensor del titular, efectivamente, de acuerdo a las propias facultades que le otorga la Ley de la Defensoría determinar quién es la autoridad subrogante en este caso”, mencionó.

Fuente: El Comercio, 1er Impacto