Seis bandas se disputan el control de las cárceles

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Responden a carteles dedicados al narcotráfico originarios de México. El argumento de ‘conflicto entre bandas’ deriva en un aumento de muertes por amotinamientos, dicen expertos.

Los ChonerosPiposTigueronesChone Killers, Lagartos y Lobos son las bandas que ‘mandan’ en las cárceles del país. Su disputa por control de reos y espacio ha logrado que el 2021 supere las muertes violentas en cárceles a 2019 y 2020.

En total, este año, se han registrado, preliminarmente, 144 personas privadas de la libertad muertas en matanzas, producto de amotinamientos. El dato es alarmante , tomando en cuenta que en 2020, hubo 51 muertes de este tipo; en 2019, 3; y en 2018, 11.

Para Andrés Granda, sociólogo y máster en política pública, el discurso de “se trató de una guerra entre bandas” se ha normalizado, de tal manera que “le ha permitido al Gobierno desligarse de su responsabilidad”.

Un exfuncionario del sistema penitenciario comenta que en el sistema carcelario hay seis bandas “bien constituidas”, que se disputan el control de los pabellones y cuya rivalidad por espacio también “está afuera”, pues requieren ser dueños de los pasos de droga de los carteles mexicanos  a los que responden.

Antes de la muerte de Jorge Luis Zambrano, alias ‘Rasquiña’ y líder de la banda Los choneros, las cárceles tenían territorios marcados y “que se respetaban”. Con su muerte (2020), las bandas de los Pipos, los Tiguerones, los Chone Killers, los Lagartos y los Lobos “se han puesto como consigna atacar a los Choneros y quitarles su espacio”, dice un exfuncionario, quien prefiere el anonimato.

“Estas bandas conocen todo sobre el sistema carcelario y mueven la corrupción que impera en guías, directores y más (…), sino no hay otra explicación para que entren motosierras y fusiles”, detalla el exfuncionario. Agrega que, los reos planifican motines simultáneos, porque saben que la capacidad de reacción y el número de personal desde el Gobierno, para seguridad es bajo.

El experto en seguridad Mario Pazmiño dice que el narcotráfico en el país y las bandas en cárceles responden a dos cárteles mexicanos. El Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el de Sinaloa.Ambos se disputan el control de corredores y las redes de envío de cocaína por las costas ecuatorianas a Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

La rivalidad más marcada está entre los Lagartos y Los Choneros. Los primeros responden al cartel de Jalisco Nueva Generación y los segundos a Sinaloa. “Por eso ellos han adoptado formas más cruentas en las matanzas, porque vienen de la escuela del narco mexicano”.

Sobre los otros cuatro grupos, el extrabajador del sistema carcelario explica que muchos son disidentes de Los Choneros y Los Lagartos y pueden estar ligados a los mismo carteles u otros de menos impacto en el país, como los Zetas, Familia Michoacana y el Cártel del Golfo.

El coronel Mario Pazmiño, exjefe de Inteligencia del Ejército, dice que el alza de las muertes violentas, los ataques con drones y la dotación de armas que tienen los reos dan un claro mensaje de los carteles al Estado. “El narcotráfico amenaza al Estado y no es Estado al narco”, señala.

Es por eso que emprender un plan estratégico contra el narcotráfico y tráfico de armas debe ser la consigna para que “la violencia de las cárceles no se traslade a las calles”, dice Pazmiño.

Pero la crisis carcelaria no inició con la matanza de 79 presos, el 23 de febrero de 2021. El estado de las cárceles son el resultado de reformas legales, que entran en la categoría de populismo penal, más la naturalización del mandato interno de bandas criminales y sus ‘guerras’ por espacio.

2018: el inicio del quiebre

Andrés Granda indica que el quiebre del sistema carcelario en Ecuador data del 2018.

“Si bien el déficit de guías penitenciario, tecnología e infraestructura es algo que pasa hace décadas, en Ecuador, en 2018, el abuso de la prisión preventiva impactó en el grado de hacinamiento”, dice.

El 2018, con un hacinamiento del 36% y no se ha podido reducir, más bien ha ido al alza y para este 2021, alcanza un 38%.

La entrada de vigencia del Código Penal, en 2014, tiene mucho que ver, según Granda, lo único que representó fue populismo penal del Gobierno de Rafael Correa, para enviar el mensaje de que había ‘mano dura contra la delincuencia’. “Lo cierto es que no porque tengas más presos estás haciendo un buen trabajo sobre la seguridad. ”

Fuente: L a Hora, 1er Impacto

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