Doce denuncias de agresiones a niños de entre 10 y 12 años investiga la Fiscalía en Balao, Guayas. Los agresores pertenecerían al entorno familiar.

La confesión que estremeció a una mujer mientras caminaba con su hija, de 12 años, de la mano, la mañana del lunes 20 de septiembre. Ellas se dirigían a un dispensario porque la niña no soportaba un dolor en la zona abdominal y había pedido que la llevaran a un médico, pero ese no era el único motivo de su queja: buscaba sentirse libre, fuera de casa.

La madre, desconcertada, le preguntó: “¿quién fue?”. La respuesta fue contundente. Solo dio un nombre, el de su agresor: fue el padrastro. Es por eso que no quería estar en aquel inmueble, porque tres días antes había sido víctima de violación.

“La agresión ocurrió el viernes 17 de septiembre, por la mañana. Ese día lo ocultó, al igual que el sábado y el domingo, pero el lunes reveló su malestar y cuando se alejó de ese sujeto pudo expresar su verdad”, relata el padre de la perjudicada.

Las dos víctimas de este relato cambiaron su forma de ser. Por ocasiones se muestran distraídas de la realidad.

Al llegar a un centro médico, los galenos recomendaron a la madre que acudiera a la Fiscalía, porque la situación era delicada. Y así fue. La señora no perdió tiempo y caminó hasta el despacho local del Ministerio Público, en el cantón Balao, en Guayas.

“Actué de inmediato, porque sino me hubiera convertido en una cómplice”, dijo con firmeza la progenitora, mientras esperaba su turno para rendir una versión, la mañana del 29 de septiembre, como parte del proceso que se abrió en contra de su última pareja, quien está en prisión.

El individuo fue detenido el mismo día del testimonio de la afectada. La madre recuerda que esa jornada fue extenuante y que incluso no pudieron comer, porque se la pasaron realizando exámenes a la niña, trámites y diligencias para que se girara la boleta de captura en contra del atacante.

Las perjudicadas insisten en colocarse prendas que cubran por completo sus cuerpos. Sienten que son señaladas por los demás.

Todo ese movimiento se realizó en el cantón Naranjal, a una hora aproximadamente, porque en su localidad no existen unidades judiciales ni peritos. Esto lo confirma el fiscal cantonal, César Peña Morán. “Es la situación en la que debemos laborar (…). Tampoco tenemos policías de apoyo”, sostiene el funcionario, quien labora en el sitio desde septiembre y en las primeras semanas le han llegado a sus manos doce expedientes de agresiones sexuales.

“Los casos son de este año. Aún tenemos cartones llenos por revisar. Es lamentable que en todos estos hechos, con niños de entre 10 y 12 años, los agresores sean padrastros, hermanos, abuelos y tíos… Son personas del círculo familiar, ni siquiera vecinos”, manifiesta acongojado.

Peña formuló cargos en contra del padrastro por el delito de violación. “La pena es de 19 a 22 años de prisión, pero de hallar agravantes u otras infracciones de tipo penal, la sanción podría ser mayor (…). La máxima es de 40 años”, explica.