Autor: Anunciante

La tarde del 4 de junio de 2020, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica Contra el Consumo y Microtráfico de Drogas, que le da facultades a los municipios de emitir sanciones contra quienes consuman sustancias sujetas a fiscalización en lugares públicos. Además, liderarán campañas de prevención.

Así mismo, la norma permite a los policías metropolitanos de cada cantón, aprehender a los microtraficantes y que estos sean puestos a las órdenes de las autoridades.

El asambleísta Héctor Yépez, presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, explicó que como el consumidor de estas sustancias no puede ir preso, se aplicarán otras sanciones que estén ligadas con trabajo comunitario o multas.

“Incluso activar protocolos de ayuda, de terapia para ayudar a ese joven, adolescente, señor, señora, a esa familia que tiene un problema de adicción”, dijo Yépez.

Luego de la explicación de los principales cambios recogidos en los dos debates, el legislador planteó que se vote el proyecto en dos bloques.

En este marco, el pleno de la Legislatura se pronunció, por una parte, con 128 votos a favor de la totalidad del texto normativo, exceptuando los artículos 7, 17 y 19. En un segundo momento, aprobaron con 85 votos afirmativos, los artículos restantes: 7, 17 y 19.

Vigilancia en centros educativos

En la tercera disposición, se precisa que el Ministerio de Educación en 120 días de publicada la ley, junto con el Ministerio de Gobierno emitirán las rutas y protocolos especializados para la detección y abordaje de este fenómeno, dentro del sistema de educación nacional. Esto incluye la videovigilancia en centros educativos públicos y privados.

“Para el efecto, se instalarán cámaras de seguridad vinculadas al Servicio Integrado de Seguridad ECU911 o a la entidad que haga sus veces; y, en los lugares donde no sea posible la instalación de dichos equipos, se garantizará la presencia de la Policía Nacional o Agentes Municipales o Metropolitanos en las afueras de los establecimientos”, precisa el documento.

La nueva ley también plantea la creación del Fondo Nacional Concursable para la Prevención de Drogas, que estará conformado por todos los bienes y valores incautados provenientes del procesamiento de los delitos de producción o tráfico ilícito de drogas, así como del presupuesto del Gobierno Central y otras contribuciones.

Fuente: Diario Extra, 1er Impacto

Los últimos momentos de vida de Segundo Montaño Olvera fueron traumáticos para su hijo de 10 años. Al menor le tocó ver cómo su progenitor se autoeliminaba, al guindarse del cuello con una cuerda atada a una escalera de su vivienda, ubicada en el sur de Guayaquil.

El impactante hecho ocurrió el viernes 5 de junio de 2020, a las 15:30, informó Victoria Espín, hermana materna del ahora occiso. En ese momento, además del pequeño, en el domicilio se encontraba la mamá de los hermanos, quien por una condición médica no puede caminar.

Victoria contó que últimamente no había notado ninguna actitud extraña en su hermano. Sin embargo, Montaño Olvera, quien tenía 32 años, había escrito una carta de despedida que dejó sobre una mesa sobre la que descansa un televisor. “Perdónenme por no haber sido buen padre, pero los amo mucho”, decía el escrito que dejó el hombre para sus cuatro retoños.

La compungida mujer narró luego lo que le contó su sobrino sobre el suicidio: “Segundo cogió un desarmador, se lo clavó en el pecho y le dijo al hijo que ‘esto hacen los hombres’. El niño antes lo había visto que estaba amarrando un cabo”.

Después de asegurar el cabo, el padre le habría pedido a su descendiente que se voltee para que no observe lo que estaba por hacer. Entonces Montaño aprovechó para subirse a una cubeta de plástico y guindar la cuerda de la escalera que conducía hacia la planta alta de la casa.

Después de pocos minutos, el infante vio a su padre suspendido, muerto. De inmediato corrió para avisar al resto de la familia, quienes comprobaron el deceso de Segundo.

Su parentela llamó a la Policía y varios uniformados se hicieron presentes en el sector. En el lapso de 90 minutos aproximadamente, el cadáver fue levantado.

Montaño era el menor de nueve hermanos y se dedicaba al reciclaje de desechos. También cuidaba de su mamá. Sus allegados tienen previsto retirar su cuerpo de la morgue la noche de este viernes y será sepultado en el cementerio Ángel María Canals, en una fecha aún por definir.

Fuente: Diario Extra, 1er Impacto

Con todas las medidas de bioseguridad, un grupo de personas que no tienen rastros de los cadáveres de sus familiares, fallecidos durante la pandemia por el nuevo coronavirus, se reunirán, a las 14:00 del miércoles 10 de junio de 2020, en el auditorio de la Defensoría del Pueblo, en Guayaquil, para escuchar la audiencia de la acción de protección que presentaron el 18 de mayo de 2020. Además, realizarán un plantón.

La vicedefensora del Pueblo, Zaida Rovira explicó que apelaron a este recurso para que se declare la vulneración, por parte del Estado ecuatoriano y varias entidades del Ejecutivo, de los derechos constitucionales a la dignidad humana, integridad personal, derechos a recibir servicios públicos de óptima calidad y seguridad jurídica de las familiares que aún no pueden localizar los restos mortales de sus parientes que fallecieron en el contexto de la emergencia sanitaria por la COVID-19 en Guayaquil.

Lo que se busca es una reparación integral, además de que el Estado realice una investigación para dar con el paradero de los cuerpos. “Y, en el caso de que el cadáver conste como sepultado, se efectúe la inhumación y pruebas científicas que aseguren la identificación del cuerpo”, dijo Rovira.

Según la Defensoría del Pueblo y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil, hay aproximadamente 54 personas que denuncian el extravío de los cadáveres y falta de diligencia del Ministerio de Salud e Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en la entrega de información respecto al tratamiento e identificación de los mismos.

Entre ellos, el caso de Alba Maruri Grande. Su familia recibió su supuesto cuerpo, realizó proceso de incineración y estuvo aproximadamente un mes con las cenizas de un cadáver que no pertenecía a Alba. De aquello se enteraron cuando recibieron la visita de personal médico para indicarle que su familiar se encontraba viva en un centro de salud.

“En el presente caso, se produce, de forma evidente y perceptible en los relatos de familias, vulneración a la integridad personal al encontrarse desaparecido el cuerpo de la persona fallecida, imposibilitándose la entrega del mismo a sus familiares o el saber donde se encuentran sus restos para una continuación con el proceso de aceptación de una pérdida o, dentro de lo posible con las restricciones propias de esta pandemia, propiciar una despedida que se adecue a sus costumbres, religiones y libertad de culto”, detalla parte del texto presentado por la Defensoría.

Las entidades también piden la aplicación de medidas de rehabilitación y que se ordene la inmediata atención psicológica a los parientes. Además, solicitan que las entidades ofrezcan disculpas públicas. También, que haya garantías de no repetición.

Fuente: Diario Extra, 1er Impacto

Era considerado el quinto sospechoso del programa Más Buscados por Violencia de Género, a nivel nacional. Se trata de un sujeto que fue localizado en el sector Bocana de Búa, del cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas, casi tres años después de haber cometido el delito de violación.

El operativo se ejecutó este jueves, 4 de junio de 2020. Los investigadores del Bloque de Búsqueda, de la Policía Nacional, allanaron el inmueble en el que el individuo aparentemente residía.

En la acción participaron también un fiscal y comandos del Grupo de Operaciones Especiales (GOE).

De acuerdo a los primeros informes policiales, el aprehendido era requerido por presuntamente agredir sexualmente a su hijastra, de 13 años, durante 8 meses, en Santo Domingo de los Tsáchilas.

El caso salió a la luz luego de que la menor de edad, el 5 de agosto de 2017, avisara a su madre lo ocurrido y luego se comprobara el hecho a través de exámenes forenses, físicos y psicológicos.

El delito de violación es sancionado con privación de libertad, de 19 a 22 años, según el artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Fuente: Diario Extra, 1er Impacto

El pasado 27 de abril, la diabetes acabó con la vida de la manabita Ángela Ponce Merchán, de 52 años. Pero al no contar los recursos económicos para sepultarla, sus familiares decidieron enterrar su cuerpo en el patio de su casa, ubicada en la populosa cooperativa Realidad de Dios, del sector Monte Sinaí, en el noroeste de Guayaquil.

Elsa Bonilla, la segunda de sus siete hijos contó a este Diario que habían transcurrido cuatro días y el cuerpo comenzó a descomponerse y por eso, con la ayuda de su esposo y su padrastro hicieron un hueco para sepultarla allí mismo.

Han transcurrido 35 días y los restos de Ponce aún permanecen sepultados en la parte posterior de la vivienda. La improvisada tumba esta rodeada de plantaciones de maracuyá, ciruela y naranja.

Su partida no solo ha causado una enorme tristeza a sus seres queridos, sino también desesperación, pues no saben cómo trasladar los restos a un camposanto para darle cristiana sepultura.

Dieciocho días antes del deceso de la humilde mujer, el sexto de sus descendientes fue asesinado. Ella partió sin saber que él había muerto.

Fuente: Diario Extra, 1er Impacto